Con la detención de María Magaly Contreras, de 55 años de edad, se eleva a siete el número de usuarios de Twitter que enfrentan procesos judiciales por "opiniones inadecuadas" publicadas en la red social.En este último caso, a través de la cuenta @marletmaga, la ama de casa zuliana que se autodenomina "vidente",compartía con sus más de tres mil seguidores sus "predicciones", de acuerdo con la información publicada en el diario La Verdad.
Según trascendió, Contreras recibió una llamada telefónica en la que un supuesto funcionario de inteligencia quien le notificó que el mayor de sus dos hijos se encontraba detenido. Al llegar al lugar, ubicado en el norte de la ciudad de Maracaibo, la mujer fue detenida.
"Instigación e intimidación pública" fueron los dos delitos imputados a la ama de casa zuliana, detenida el pasado lunes por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Como si se tratase de una especie de "patrón" a seguir, la mujer fue inmediatamente privada de su libertad, además de su reclusión en la sede del Sebin, tal como sucedió con los otros tuiteros detenidos. Su traslado se efectuó la mañana de ayer.
Lisseth Mogollón, abogada defensora de la madre de familia, catalogó el proceso como "una violación a los principios básicos de la libertad de expresión".
La abogada rechazó además que la detención por parte del Sebin haya sido consecuencia de las denuncias de un grupo de usuarios de la red social.
"La activación de los órganos de seguridad del Estado por medio de señalamientos públicos y anónimos nos da la idea de un manejo tergiversado de la información, lo que a su vez conlleva a un procedimiento judicial carente de todo fundamento, y la posible recriminación contra ciudadanos de manera injustificada".
De acuerdo con Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal Venezolano (FPV), la "ola de detenciones" a tuiteros en el país es una medida que busca infundir temor en los usuarios de la red social que opinan públicamente en contra del actual Gobierno.
El defensor de los derechos humanos explica que de existir alguna falta por parte de los imputados, los delitos señalados no se corresponden con la pena de privación de libertad.
"Pareciera que lo que busca el Gobierno es atemorizar a la población en cuanto a los mensajes que emiten, por ser hacer referencia a una determinada tendencia política (...). Están utilizando el sistema de justicia para perseguir políticamente a un sector opuesto al actual Gobierno".
