Carlos Andrés García, concejal de Guasdualito, estado Apure, murió a consecuencia de un ACV que le dio en agosto estando detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), ubicada en la capital de la entidad.
“Queremos lamentablemente informar el fallecimiento de nuestro concejal de Apure Carlos Andrés García. Fue detenido ilegalmente por los cuerpos de seguridad sembrándole una suma de dinero en efectivo”, se lee en la cuenta de Twitter de Primero Justicia.
El partido aseguró que a García le fue negado recibir atención médica y cuando fue trasladado a un centro de salud “ya no había posibilidad de hacer nada para mejorar su salud”.
Al concejal se le había dado hace dos días la medida cautelar de casa por cárcel, pero la orden no fue ejecutada.
“Aún y cuando denunciamos y exigimos la liberación de Carlos Andrés el gobierno se negó y lo dejó detenido injustamente. Apenas hace dos días le dieron casa por cárcel y la orden no fue ejecutada por los cuerpos de seguridad”.
Primero Justicia responsabilizó al gobierno de la muerte del concejal y aseguraron que lo ocurrido se suma a violaciones de derechos humanos.
Carlos García está detenido desde 2016, cuando el Sebin allanó su vivienda luego de que se registraran varias protestas en la entidad.
Queremos lamentablemente informar el fallecimiento de nuestro concejal de Apure Carlos Andres García #RegimenAsesino 1/8
(Caracas, Venezuela. Redacción Sumarium) – La Organización de Estados Americanos (OEA) celebró este viernes la segunda audiencia para determinar si existen bases que permitan denunciar a Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad.
En esta sesión participaron tres militares venezolanos en retiro: el general Hebert García Plaza, el teniente coronel José Arocha y el capitán Igor Nieto.
El Capitán Igor Eduardo Nieto informó que en el país se utiliza la justicia militar para juzgar a civiles que participaron en las manifestaciones antigubernamentales.
“Se pedía encarcelar a los jefes de las manifestaciones y se les colocaba medidas cautelares para que no siguieran protestando”, dijo al tiempo que comentó que a las personas detenidas se les torturaba, por ejemplo a los detenidos los obligaban a levantar las piernas y les pegan en la planta de los pies para que no quedaran marcas en el cuerpo para cuando fueran juzgados.
“También los obligaban a dormir parados todos juntos en una camioneta. Los jueces de ejecución verifican los maltratos y hacen caso omiso”, manifestó de acuerdo a lo reseñado en NTN24.
Indicó que se fue del país debido a que el año 2014 le hicieron un “atentado” en su casa cuando estaba reunido con sus familiares, con un proyectil 9 milímetro. “Nadie me ayudó. Eso me obligó a salir de Venezuela”.
Asimismo, el teniente coronel José Arocha, exiliado en Estados Unidos luego de escapar de prisión, acotó que fue llevado a tribunales militares el 2 de mayo de 2014 porque le “sembraron cantidades de dinero que no existían en el escritorio de mi oficina y junto a mi socio (de negocios) fui llevado a una entrevista con una pistola en la nuca”.
“El objetivo era disminuir mi capacidad de liderazgo para que en cualquier momento me pudieran meterme preso”, dijo al tiempo que contó que la cárcel donde estuvo era muy pequeña (5×3) y tras pasar varios días en condiciones infrahumanas, fue trasladado a “La Tumba” ubicada en la sede del Sebin de Plaza Venezuela.
“Lo que recuerdo es que me dijeron ha entrado un muerto a La Tumba. El lugar es totalmente frío, estuve desnudo y solo. Pensé que nunca iba a ver a mi familia (…) Nadie se comunicaba conmigo. Comía con la mano por temor a que me suicidara. No tenía reloj ni veía los días que pasaban. Sin embargo, pude enviar un mensaje codificado a una persona fuera del país para escapar”, recordó entre lágrimas.
Resaltó que en reiteradas ocasiones se “burlaron” de su mamá (sobreviviente de un cáncer) cuando preguntaba por su paradero.
Por su parte, el general en situación de retiro, Hebert García Plaza denunció que durante su gestión se le ordenó priorizar distribución de alimentos a poblaciones adeptas políticamente al presidente Nicolás Maduro,
Indicó que la venta de alimentos con precios subsidiados para sectores con extrema pobreza “se quería sustituir por otra denominación que eran parroquias políticamente priorizadas, que tiene básicamente dos indicadores: la población electoral y el grado de simpatía al proceso ideológico que lidera el gobierno”.
Destacó que “la justicia en el país obedece a la estructura de Gobierno”, al tiempo que agregó que el Ejecutivo “convirtió a Venezuela en un teatro de operaciones militares”, bajo el cual se le dio atribución jurídica al uso de la justicia militar para procesar a civiles.
En total se realizarán por lo menos cuatro audiencias públicas para reunir información que un grupo de expertos analizará antes de emitir una conclusión a fines de octubre.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, dijo que existen indicios de abusos en el marco de las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro. El canciller venezolano respondió.
Las autoridades venezolanas podrían haber cometido gravísimos crímenes contra los derechos humanos y la humanidad al reprimir las protestas de la oposición, alertó hoy en Ginebra el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, en Ginebra. En un discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Zeid exigió una investigación internacional de las muertes, detenciones arbitrarias y torturas en el marco de las protestas masivas que su oficina denunció el mes pasado en un informe sobre el país sudamericano.
Ese informe sugería que de las 124 muertes que investigaba la Fiscalía General venezolana entre abril y julio, 73 estarían vinculados a las fuerzas de seguridad y colectivos favorables al presidente, Nicolás Maduro. “Mi investigación sugiere la posibilidad de que se hayan cometido crímenes contra la humanidad que sólo podrían ser confirmados mediante la consecuente investigación criminal”, añadió.
Zeid dijo ante los diplomáticos que deberían pensar en la “necesidad de excluir del organismo a países impliados en las más atroces violaciones de derechos humanos”. Venezuela forma parte actualmente de los 47 miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que tiene su sede en la ciudad suiza. Se prevé que el ministro de Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, llegue hoy a Ginebra. La embajadora estadounidense en la ONU, Nikki Haley, criticó la semana pasada la prevista comparecencia de Arreaza en el organismo, la cual consideró una “burla a la institución”.
Venezuela está inmersa en una grave crisis política desde que a finales de marzo Maduro intentara a través del Tribunal Supremo de Justicia restar y limitar funciones al Parlamento controlado por la oposición. Le siguieron nuevas medidas que tuvieron su punto álgido con la elección el pasado 30 de julio de una polémica Asamblea Constituyente, dominada totalmente por el oficialismo y que por decreto reemplazó a la Asamblea Nacional, ésta controlada por la oposición. Las medidas del gobierno desataron una oleada de protestas en el país.
Respuesta de Venezuela
El ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, acusó hoy a la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de “mentir” y de “ofender a su país” acusándolo de graves delitos “sin tener datos y sin rigor metodológico”.
“La Oficina del Ato Comisionado de Derechos Humanos acusa sin fundamento a mi país. Es un órgano politizado que lanza acusaciones sin ningún rigor metodológico y que miente. Exigimos que cese la agresión contra Venezuela”, afirmó el canciller en una alocución ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, afirmó que pueden haberse cometido “crímenes contra la humanidad” en Venezuela en el marco de las protestas antigubernamentales, y urgió al Consejo de Derechos Humanos a abrir una investigación internacional.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) iniciará esta semana en su sede en Washington las audiencias para investigar si el Gobierno venezolano ha cometido “crímenes de lesa humanidad” y si hay base para denunciarlo ante la Corte Penal Internacional (CPI).
EFE
A cargo de las sesiones estará el ex primer fiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo (2003-2012), nombrado en julio para este cometido por el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
La primera audiencia se celebrará este jueves de 10.00 a 12.30 hora local (14.00 a 16.30 GMT), con representantes de la sociedad civil venezolana, y la segunda el viernes de 9.00 a 11.30 (13.00 a 15.30 GMT), con miembros de las Fuerzas Armadas del país.
Las siguientes sesiones no están aún programadas pero tendrán lugar en septiembre y octubre, todas en la sede de la OEA en la capital estadounidense.
En las audiencias se abordarán las “privaciones ilegales de libertad, torturas y violaciones que muestren un patrón de que han sido producidas como consecuencia de un plan sistemático o que son parte de un ataque masivo a la población civil”, explicó hoy la OEA en una hoja informativa.
Asimismo, se analizarán “homicidios que muestren un patrón de que han sido producidos como consecuencia de un plan sistemático o que son parte de un ataque masivo a la población civil”.
Y también la “identificación de las personas o grupos que serían responsables de los crímenes”, así como la “comprobación de la existencia de investigaciones judiciales genuinas sobre las personas identificadas”.
La información obtenida a través de las audiencias públicas y por el equipo de investigación la analizará un panel de expertos antes del 30 de octubre, “que evaluará la información y determinará si tiene suficiente mérito para que el secretario general lo presente a la Corte Penal Internacional”, indicó la OEA.
Los resultados del proceso serán entregados al Consejo Permanente del organismo y a la Fiscalía de la CPI.
Almagro, una de las voces internacionales más críticas con el Gobierno de Nicolás Maduro, considera que en Venezuela el Gobierno ha cometido crímenes de lesa humanidad y así lo ha denunciado.
En su informe del 17 de julio de 2017 consideró que existen evidencias que “apuntan al uso sistemático, táctico y estratégico del asesinato, encarcelamiento, tortura, violación y otras formas de violencia sexual como herramientas para aterrorizar al pueblo venezolano”, lo que, sostiene, podrían considerarse crímenes de lesa humanidad a ser investigados por la CPI.
El excanciller uruguayo, al frente de la OEA desde mayo de 2015, designó a Moreno Ocampo en julio como su asesor especial para temas de crímenes de lesa humanidad y le encargó determinar si hay base para llevar al Gobierno de Nicolás Maduro ante el tribunal de La Haya.
El canciller Jorge Arreaza acusó hoy a la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de “mentir” y de “ofender a su país” acusándolo de graves delitos “sin tener datos y sin rigor metodológico”.
“Le exigimos al señor alto comisionado para los Derechos Humanos que cese la agresión contra Venezuela a través de informes que están plagados de mentidas, datos incomprobables, argumentos tergiversados y ofensa a nuestro país”, afirmó el canciller en una alocución ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Arreaza denunció “el comportamiento selectivo, parcializado y politizado de la Oficina” y le instó a llevar a cabo un trabajo “objetivo e imparcial” dado que a su entender no lo hacen.
“Venimos a este Consejo en defensa de la verdad de Venezuela“, afirmó, y denunció que los recientes informes contra su país “carecen de rigor metodológico, son infundados, inducidos y direccionados para perturbar la soberanía, la paz y la estabilidad de nuestro pueblo”.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al Hussein, dijo hoy en una alocución previa ante el Consejo que en Venezuela pueden haberse cometido “crímenes contra la humanidad” durante las protestas antigubernamentales, y urgió al Consejo de Derechos Humanos a abrir una investigación internacional.
Zeid hizo referencia a un extenso informe de su Oficina sobre la represión de las protestas en Venezuela que concluyó que las fuerzas de seguridad llevaron a cabo actos de tortura contra manifestantes y detenidos y perpetraron miles de arrestos arbitrarios.
No obstante, Arreaza acusó a la oposición de ser la responsable de la violencia durante las protestas. “El resultado de las acciones de la oposición fue la lamentable pérdida de 121 vidas humanas. La mayoría de estas muertes son directamente atribuibles al accionar violento de los grupos antigubernamentales”.
Caracas, 7 de septiembre.- El diplomático Diego Arria intervendrá el próximo lunes ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en nombre de la sociedad civil venezolana. En el lugar denunciará las graves violaciones perpetradas por el régimen de Nicolás Maduro.
En declaraciones para El Cooperante, Arria detalló que abordará el reciente informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, en el que se reflejan los abusos y violaciones de los derechos humanos por parte de los organismos de seguridad del Estado y colectivos armados afectos al chavismo en contra de manifestantes opositores.
En las conclusiones del documento, la ONU refiere que el gobierno de Nicolás Maduro aplica “una política destinada a reprimir el disenso político e infundir temor en la población a fin de frenar las manifestaciones”. Asimismo, el diplomático informó que tratará temas relacionados al “régimen de Maduro” y la crítica situación por la que atraviesan los venezolanos.
Se tiene previsto que en el evento participe el canciller de la República, Jorge Arreaza, luego de que se conociera que Maduro canceló su participación. La ONU especificó que la misión permanente de Venezuela no dio explicaciones sobre el motivo y que se limitaron a informar que Arreaza sustituirá a Maduro.
Estados Unidos consideró hoy como una “burla” al Consejo de Derechos Humanos de la ONU la presentación que hará la semana que viene ante esa institución el ministro de Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza.
Así lo señaló en un comunicado la representante de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, haciéndose eco de informes que dan cuenta de que Arreaza hablará el lunes durante la apertura de la 36 sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra.
“En lugar de dar la bienvenida al ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, el Consejo de Derechos Humanos debería denunciar a su gobierno”, afirmó Haley, que integra el Gobierno de Donald Trump como representante estadounidense ante la ONU.
Según Haley, el hecho de que Arreaza se dirija al consejo “representa una burla a la institución” porque el Gobierno de Nicolás Maduro “sigue robando al pueblo venezolano su libertad y su prosperidad”.
“Incluso el hecho de que Venezuela sea un miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU demuestra la desesperante necesidad de que sea reformado”, agregó la embajadora estadounidense.
El Consejo de Derechos Humanos ha sido muy crítico en las últimas semanas con la represión ejercida por el Gobierno de Maduro contra manifestantes y detenidos.
Un informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció el uso letal de la fuerza y actos de tortura por parte de policías y militares contra manifestantes y detenidos -muchos de ellos de forma arbitraria- durante las protestas en contra de la nueva Asamblea Constituyente venezolana.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, al presentar el informe final el pasado 30 de agosto, dijo que la democracia en Venezuela “está apenas viva, si es que sigue viva”.
La ONU pedirá al Consejo de Derechos Humanos en la sesión del próximo lunes que estudie tomar medidas para evitar un mayor deterioro de los derechos humanos en ese país, mediante un mecanismo de supervisión, informes regulares o una comisión de investigación. EFE
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, no intervendrá el próximo lunes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, informaron hoy las Naciones Unidas, reseña Efe.
El mandatario venezolano será sustituido por el ministro de Exteriores, Jorge Arreaza Montserrat, agregó la fuente en un comunicado.
La ONU especificó que la misión permanente de Venezuela no dio explicaciones sobre el motivo de la cancelación y que se limitaron a informar de que Arreaza sustituirá a Maduro.
La misión venezolana por su parte tampoco ha explicado las razones de dicha cancelación.
Las mismas fuentes informaron ayer por la tarde de que habían recibido una nota verbal de la misión venezolana en la que se indicaba que a Maduro le gustaría intervenir el día de la apertura de la trigésimo sexta sesión ordinaria del Consejo.
Este hecho fue confirmado posteriormente por la misión venezolana.
Fuentes diplomáticas explicaron que varios países se estaban preparando para responder al día siguiente de la intervención de Maduro y denunciar la situación de la nación bolivariana.
Las mismas fuentes explicaron que el anuncio de Maduro causó sorpresa y estupefacción, y más su participación en el Consejo de Derechos Humanos, dado que este organismo ha sido muy crítico en las últimas semanas con la represión ejercida por su gobierno contra manifestantes y detenidos.
Un informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció el uso letal de la fuerza y actos de tortura por parte de policías y militares contra manifestantes y detenidos -muchos de ellos de forma arbitraria- durante las protestas en contra de la nueva Asamblea Constituyente venezolana.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, al presentar el informe final el pasado 30 de agosto dijo que la democracia en Venezuela “está apenas viva, si es que sigue viva”.
La ONU pedirá al Consejo de Derechos Humanos en la sesión del próximo lunes que estudie tomar medidas para evitar un mayor deterioro de los derechos humanos en ese país, mediante un mecanismo de supervisión, informes regulares o una comisión de investigación.
Maduro fue recibido anteriormente por el Consejo de Derechos Humanos en una intervención especial que el mandatario solicitó.
El presidente de de la República, Nicolás Maduro, intervendrá el próximo lunes 11 de septiembre en Ginebra en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, informaron hoy a Efe fuentes del organismo multilateral.
La ONU recibió una nota verbal de la Misión Permanente de Venezuela ante el organismo en Ginebra confirmando que al mandatario venezolano le gustaría intervenir el lunes por la mañana, en lo que será el día de apertura de la trigésimo sexta sesión del Consejo de Derechos Humanos.
El mandatario usará el encuentro para explicar y defender ante la comunidad internacional su proyecto de Asamblea Constituyente, muy criticado tanto por la ONU como por EEUU, la Unión Europea (UE) y varios países latinoamericanos.
Asimismo, podrá dar su versión sobre las conclusiones de una investigación de la ONU sobre los "extensos abusos" cometidos en el país en el marco de las protestas contra el gobierno entre el 1 de abril y el 31 de julio, especialmente por parte de las fuerzas de seguridad y militarizadas.
También informó de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas temporales, allanamientos ilegales y violentos de viviendas particulares, juicios militares contra civiles y ataques contra periodistas y ataques y restricciones contra opositores.
La ONU pedirá al Consejo de Derechos Humanos en la sesión que empezará el próximo lunes que considere tomar medidas para evitar un mayor deterioro de la situación de los derechos humanos en Venezuela, ya sea en la forma de un mecanismo de supervisión, informes regulares o una comisión de investigación.
El Gobierno venezolano calificó el informe de "infundado" y "manipulado", y acusó a través de su embajador ante la ONU en Ginebra, Jorge Valero, a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) de comportarse "como una de las tantas ONG financiadas por intereses inconfesables, para satanizar -en nombre de los derechos humanos- a gobiernos y pueblos soberanos".
Igualmente afirmó que Zeid y su oficina se suman así "a la campaña intervencionista foránea", en referencia a EEUU, "que busca erosionar la soberanía y el derecho a la autodeterminación de la Patria de Bolívar".
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) apuntó hoy a posibles ejecuciones extrajudiciales por parte las fuerzas de seguridad y a varios casos de desapariciones forzadas durante las protestas antigubernamentales en Venezuela.
“La ACNUDH llegó a la conclusión de que las fuerzas de seguridad emplearon sus armas de servicio durante las manifestaciones, causando la muerte de 27 manifestantes”, según el informe definitivo sobre las violaciones cometidas entre el 1 de abril y el 31 de julio, periodo en el que murieron un total de 124 personas.
De las 124 muertes relacionadas con las manifestaciones que el Ministerio Público ha investigado, las fuerzas de seguridad son responsables de al menos 46, de los que dos se produjeron por inhalación de gases lacrimógenos, uno por perdigones de plástico, 14 por perdigones y “metras” (canicas), dos por el impacto de cartuchos de bombas lacrimógenas u otros y 27 por armas de fuego.
La ONU ya adelantó el pasado día 8 las conclusiones preliminares de su investigación, la cual efectuó mediante 135 entrevistas a testigos desde Panamá y Ginebra, dado que no tiene acceso al país.
La ONU recuerda que las armas de fuego nunca se deben emplear para dispersar una manifestación y que el disparo indiscriminado contra una multitud siempre es ilegal.
“El homicidio intencional perpetrado con armas de fuego u otras armas menos leales, a menos que sea estrictamente inevitable para proteger la vida humana, contraviene las normas internacionales y equivale a un uso excesivo de la fuerza y, posiblemente a una ejecución extrajudicial”, señala.
La ACNUDH ha registrado además “varios casos de desapariciones forzadas”, una forma particularmente agravada de detención arbitraria, pero ha podido determinar el paradero de todas las personas cuyos casos fueron documentados.
Según la ONG Foro Penal Venezolano, 5.051 personas, entre ellas 410 niños, fueron detenidas entre el 1 de abril y el 31 de julio, fecha esta última en la que seguían arrestadas 1.383 personas.
Al menos 609 civiles detenidos tuvieron que comparecer ante tribunales militares, por lo general aquellos considerados opositores.
En casi todos los casos de detención, las fuerzas de seguridad sometieron a los detenidos, incluidos a los niños, a una o más formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes, equivalentes en varios casos a actos de tortura, según ya había adelantado la ONU.
El organismo sostiene que los casos más graves fueron responsabilidad del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y de la Guardia Nacional Bolivariana (Policía militarizada).
A muchos detenidos les propinaron fuertes palizas en todo el cuerpo, incluidos los genitales, y a un hombre lo esposaron y suspendieron de la tubería de un tanque de agua durante nueve horas y lo golpearon sin interrupción.
Otras personas sufrieron quemaduras de cigarrillos, fueron obligados a arrodillarse por largo tiempo o a escuchar canciones y consignas progubernamentales durante horas.
En uno de los casos más graves se utilizaron descargas eléctricas, pero la ACNUDH también documentó casos en los que las fuerzas de seguridad emplearon gases lacrimógenos y otros productos químicos en espacios confinados o los aplicaron directamente a las vías respiratorias de los detenidos para estimular su asfixia.
Ante la constatación de todos estos abusos, entre otros que ha documentado, la ACNUDH pide al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General de la ONU que consideren “adoptar medidas” para evitar un mayor deterioro de las libertades fundamentales en Venezuela, y solicita a Caracas que le dé nuevamente acceso al país.
Senadores de Colombia y Chile presentaron ante la Corte Penal Internacional (CPI) este martes 18 de julio, una denuncia contra el presidente Nicolás Maduro, por haber cometido crímenes como tortura, entre otros.
"Es un documento de denuncia que se presenta a la Fiscalía de la CPI, donde estamos acusando a Nicolás Maduro por crímenes que son competencia de esa corte como tortura, 'apartheid' por segregación y ataque desmesurado a un segmento de la población, homicidios selectivos, capturas y deportaciones masivas", señaló Duque a Efe por teléfono.
La denuncia, de 56 páginas, está firmada por 76 senadores de Colombia y más de 70 de Chile y tiene como objetivo "que la Fiscalía pueda poner en observación a Venezuela y abrir una investigación formal" contra Maduro, manifestó Duque, senador del opositor partido colombiano Centro Democrático.
Según detalló, esta denuncia es "un mecanismo para ejercer presión internacional a todos los crímenes que están ocurriendo en Venezuela".
Denuncia ante la Corte Penal Internacional
El senador comentó que la CPI tiene mecanismos por los que "cualquier persona puede acudir ante la Fiscalía para presentar denuncias" para que se pueda abrir una investigación.
Por ello, Duque espera que la corte con sede en La Haya ponga en observación al país petrolero como una forma de "disuadir esos ultrajes que se están cometiendo contra el pueblo venezolano".
"Es una forma de mostrar que hay más allá de los discursos en los salones de la diplomacia multilateral. Hay que pasar a acciones que permitan por lo menos alertar al mundo y a través de los cuales se puedan abrir canales (contra) las conductas que ha cometido Maduro", agregó Duque.
La denuncia se basa en los presuntos delitos que consideran que ha cometido el Gobierno de Maduro que iniciaron las protestas opositoras contra su Ejecutivo hace más de 100 días y en las que han muerto más de 90 personas.
En opinión de Duque, la denuncia "muestra evidencias y soporta información pública" que permitirá que esa corte "deje en observación "con miras a investigación formal" a Maduro.
El senador destacó que tienen también la aspiración de que la Corte "pueda alertar" de que lo que se vive en Venezuela es una "situación grave" en la que debe intervenir "un poder judicial independiente porque está cooptado por el Gobierno".
Por ello considera que el futuro de Maduro "debe ser el de los dictadores que han intentado someter a sus pueblos y han cometido toda suerte de crímenes".
El Ministerio Público libró citación en calidad de imputado contra el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Gustavo González López, por presuntamente cometer graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos.
El funcionario deberá acudir al despacho de la Fiscalía 85º Nacional el próximo martes 04 de julio a las 10:00 de la mañana.
El trámite responde a investigaciones adelantadas por la institución en relación con casos de allanamientos arbitrarios, privaciones ilegítimas de libertad; causas de personas que permanecen detenidas a pesar de que los respectivos tribunales del país han emitido legítimamente las correspondientes boletas de excarcelación.
El Ministerio Público continúa velando por la defensa y protección de los derechos humanos de los venezolanos, en atención a sus atribuciones constitucionales y legales.
El Ministerio Público citó en calidad de imputado al excomandante general de la Guardia Nacional Bolivariana y actual jefe del Gobierno del Distrito Capital, Antonio José Benavides Torres, por la presunta comisión de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas durante las manifestaciones registradas en el país desde hace 90 días.
En tal sentido, el fiscal 49º nacional, Oliver Uribe Pinto, citó a Benavides Torres para el próximo jueves 6 de julio a las 10:00 de la mañana.
El funcionario deberá presentarse acompañado de su abogado defensor, quien previamente debe ser juramentado ante un tribunal de primera instancia en funciones de control del Área Metropolitana de Caracas.
El Ministerio Público adelanta hasta la fecha 450 investigaciones por presuntas violaciones de derechos fundamentales. De estos casos se han registrado 23 personas fallecidas y 853 lesionadas atribuidas a funcionarios policiales o militares.
En una gran cantidad de estos hechos se ha evidenciado el uso excesivo de la fuerza en la represión de las manifestaciones, empleo de armas de fuego no autorizadas, la indebida aplicación del equipo suministrado, tratos crueles y torturas a personas aprehendidas, así como allanamientos sin orden judicial y daños a la propiedad, entre otras situaciones.
La misión de Estados Unidos ante la ONU exigió hoy “acciones” en Venezuela ante la “trágica situación” que sufre ese país.
“El pueblo venezolano está padeciendo hambre mientras su Gobierno pisotea la democracia”, afirmó en un comunicado la embajadora de EE.UU. ante la ONU, Nikki Haley.
“La comunidad internacional debe actuar incluso si el Consejo de Derechos Humanos y la Organización de Estados Americanos (OEA) están bloqueados” en sus decisiones sobre Venezuela, agregó.
El llamamiento se hace horas después de que se cerrara la Asamblea General de la OEA en Cancún (México) sin que se aprobara una resolución que estaban promoviendo varios países en favor de cancelar la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela.
En su mensaje, Haley destaca “los continuos esfuerzos” de los estados comprometidos a mantener la democracia en el continente.
NOTICENSURA 18/06/17 - Hay veces que no queremos acertar en las informaciones que nos filtran. Esta es una de ellas. El 3 de Mayo de este año nos llego la noticia que al General Vivas le habían propinado una brutal golpiza y posiblemente lo habían dejado paralitico.
Los animales del SEBIN, bajo ordenes del Narco Dictador y del Narco-Asesino Sirio, impartieron la paliza para aterrorizar a todos dentro del componente militar y también a los militares retirados.
Estrella Vittora, esposa del general retirado del Ejército venezolano, Ángel Vivas, denunció a través de un mensaje en su cuenta en Twitter que “le fracturaron la columna”. La Patilla
“1) Los esbirros de @NicolasMaduro le fracturaron la columna al @Gral_Vivas_P acá el informe tomográfico. Ayer tenía consulta NO LO LLEVARON”, escribió compartiendo además una fotografía del informe médico.
El observatorio checo de derechos humanos CASLA de Praga ha presentado ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya nuevos casos de supuesta tortura en Venezuela, informó hoy a Efe en Praga la directora ejecutiva del ente, Tamara Sujú. El Nacional
“Todo está dado para que haya una investigación por parte de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad”, explicó Sujú, que ya en mayo de 2016 y enero de 2017 presentó a la magistratura internacional dos expedientes de torturas que afectarían a más de 600 personas.
El nuevo dossier, presentado ayer en La Haya, contiene seis nuevas incidencias de supuestas torturas entre abril y junio, y que afectarían a 120 personas. Asimismo, responsabiliza del maltrato al actual gobierno de Caracas, bajo la presidencia de Nicolás Maduro.
“Entre los crímenes de lesa humanidad contemplados están el asesinato por motivos políticos, el encarcelamiento injusto contra personas por motivos políticos, las torturas y la persecución sistemática contra una población o grupo”, matizó la jurista.
Entre otros, se detalla el maltrato a la abogada Yolibeth Colmenares, en el estado Barinas, que fue detenida en una manifestación y sufrió vejaciones, como ser golpeada con puntapiés y la culata de armas de fuego, y recibir orina en sus partes íntimas.
Se describe también la violación de Cristian Jiménez, un acto ocurrido en La Victoria, estado de Aragua, y atribuido a miembros de la Brigada 42 de la Guardia Nacional Bolivariana.
Sujú aseguró que las “cabezas de mando de la terrible represión y violación de los derechos humanos que sufre la sociedad venezolana tienen nombres y apellidos”.
Se refirió al general Vladimir Padrino, ministro de Defensa; general Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia; general Benavides Torres, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana; y general Gustavo González López, director del Sebin;
También citó entre los responsables de las torturas al general Iván Hernández Dala, director de la División de Inteligencia Militar; y a Carlos Pérez, director de la Policía Nacional Bolivariana.
Este viernes la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una medida cautelar a favor del gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, la cual ordena al Gobierno de Nicolás Maduro a adopte las medidas necesarias para garantizar la vida integridad personal y derechos políticos del mandatario capitalino, quien señaló que con ésta decisión la inhabilitación política en su contra queda anulada.
Desde el contacto diario que hace a través de sus redes sociales, el gobernador se refirió a la decisión de la CIDH y envió un mensaje al Gobierno nacional.
“Con esta decisión señores del Gobierno es vinculante sobre todos mis derechos políticos, la arbitraria e inconstitucional de la inhabilitación que quisieron imponerme …ha sido anulada”, dijo.
El texto de la medida fue publicado por el mismo Capriles en su cuenta de Twitter. Allí se puede leer que la CIDH le exige al Gobierno nacional, adoptar e informar, en un lapso de 15 días, las medidas necesarias para garantizar la vida, integridad personal y derechos políticos del también activista de Primero Justicia.
Nicolás Maduro, dijo este martes que los chavistas son los “judíos del Siglo XXI”, al denunciar una “escalada fascista” contra partidarios y familiares de funcionarios gubernamentales.
“Somos los nuevos judíos del Siglo XXI (…) No llevamos la estrella de David amarilla, llevamos el corazón rojo de ganas de luchar y pelear por la dignidad humana y vamos a derrotar a los nazis del Siglo XXI”, dijo Maduro, en un consejo de ministros transmitido por la televisora estatal VTV.
El mandatario se refirió así a protestas, denominadas “escraches”, que han ocurrido en las últimas semanas contra funcionarios y exfuncionarios del chavismo, y sus familiares, que viven o trabajan en el exterior.
Un niño wayú de 11 años de edad fue torturado presuntamente por oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) después de una protesta que se registró en el barrio Sambilito, de la zona norte de Maracaibo, el pasado martes 16 de mayo.
En un video difundido por Twitter se aprecia cuando vecinos de la localidad desamarran al menor de edad, quien lloraba por las quemaduras ocasionadas por una bomba lacrimógena que le colocaron los funcionarios castrenses en la espalda.
Los habitantes del lugar se percataron del hecho porque vieron cuando los GNB tumbaron al menor y luego corrieron.
La persona que grabó el video, quien prefiere mantenerse en el anonimato, informó a El Nacional Web que el niño tiene quemaduras de tercer grado en la espalda y brazos.
La periodista Idania Chirinos logró conseguir atención médica para el menor, debido a que la mamá de la víctima es de bajos recursos. El adolescente fue trasladado a la clínica Amado del Zulia.
Denuncia que me llega desde #Maracaibo GNB amarra niño de 11 años y le ponen una lacrimógena en la espalda ocasionándole quemaduras. pic.twitter.com/7o8Wp9Cpxh
La canciller colombiana, María Ángela Holguín, aseguró que el embajador de ese país en Caracas, Ricardo Lozano, permanecerá en Colombia “por el momento”. Noticiero Digital
Según reseña El Espectador, este martes, Holguín acudió a la citación que le hizo la bancada del Centro Democrático en el Senado, junto al ministro colombiano de Justicia, Enrique Gil, para un debate de control político sobre el tratado de extradición con Estados Unidos y los deportados desde Venezuela.
Holguín se refirió al retiro provisional de Lozano de la Embajada colombiana en Caracas. La canciller aseguró que, por el momento, el embajador permanecerá en Colombia, al menos hasta que se realice la cita de cancilleres aprobada por la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que se evaluará la crisis política en Venezuela.
“El embajador Ricardo Lozano se mantiene aquí en Colombia, no va a volver por el momento. Vamos a ver si en las próximas semanas en la reunión de la OEA y si logramos una reunión de presidentes en Unasur, se fije una posición frente a Venezuela”, indicó Holguín durante el debate en el legislativo.
En su momento, la canciller Holguín justificó el llamado del embajador Lozano asegurando que se trataba de una “conversación” que quería tener con él, para conocer de primera mano la situación que atraviesa Venezuela. No obstante, la Cancillería afirmó que no se trataba de un retiro definitivo y, mucho menos, de una ruptura de las relaciones bilaterales.