Por Maibort Petit
@maibortpetit
Dos ciudadanos venezolanos, Alejandro Betancourt y Pedro Trebbau, conocidos en la prensa internacional como los "bolichicos", se encuentran bajo seis diferentes investigaciones en los Estados Unidos. A los empresarios se les ha acusado de haber realizado un supuesto esquema de corrupción, a través del cual, lograron adjudicarse contratos millonarios de empresas públicas del Estado venezolano a cambio del pago de sobornos, usando para ello bancos estadounidenses.
Una investigación federal es el primer paso en el proceso de justicia penal federal en los Estados Unidos. En esta etapa, los agentes de la ley federal investigan posibles violaciones de normas del Estado norteamericano.
Salen a la luz las investigaciones
Durante la audiencia de apelación realizada el 10 de marzo de 2017, en la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito en Nueva York, Frank Wohl, abogado de Alejandro Betancourt, discutía con el panel de jueces el recurso interpuesto por el exdiplomático estadounidense y actualmente consultor, Otto Reich. En el minuto 17:20 de la audiencia, el abogado admitió que en la queja se hace referencia a que "hay 4 investigaciones por agencias gubernamentales." contra su cliente. Seguidamente, el juez le preguntó "¿en Venezuela?" y Wohl dice que son investigaciones de la: "SEC, IRS, DHS, Treasury Department.". Es decir, esas investigaciones se están realizando en la Comisión de Bolsa de Valores (SEC), el Servicio de Rentas Internas (IRS), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento del Tesoro (TD).
Para escuchar la audiencia donde el abogado y el juez discuten este tema pulsar
aquí, buscar el minuto 17:20 hasta 17:30.
Paralela a las investigaciones citadas por el abogado de Betancourt frente al juez, los citados empresarios son objetos de otras dos investigaciones. Una, cursa en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, tal cual fue reportado por la agencia de noticias Bloomberg (
ver detalles aquí). Y una sexta, llevada a cabo por la Fiscalía del Distrito de Manhattan, descrita en su momento por el Wall Street Journal, (
Ver detalles de esta investigación aquí.)
Una apelación por decidirse
La decisión del recurso de apelación interpuesto por Reich contra contra Betancourt y Trebbau se encuentra en consideración en Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. El fallo de ese acción legal será dado a conocer en los próximos días.
Por ahora no han sido tocados por la justicia americana
Los demandados han salido ilesos de los casos judiciales que han enfrentado en los Estados Unidos hasta el momento. Ninguno de los acusadores han logrado el objetivo de llevarlos a juicio. La última acción legal en su contra, interpuesta por Reich fue desestimada por el juez Paul Oetken el 4 de enero de 2016, alegando que los acusados no eran residentes de la ciudad de Nueva York, y por ende, el hecho escapaba de la jurisdicción de ese tribunal.
Fue posterior a la decisión de Oetken, que Reich interpuso un recurso de apelación, basado en el hecho que los demandados condujeron negocios y poseían propiedades en Nueva York para los años en los que ocurrió la conspiración. Luego de 13 meses de procedimiento, se realizó la primera audiencia del caso, donde los jueces del panel discutieron el caso con los abogados de las dos partes.
La demanda
La acción legal de Reich fue entablada bajo la provisión de la ley contra la extorsión criminal y las organizaciones corruptas, o RICO por sus siglas en inglés. A pesar de aplicarse principalmente en casos penales, la legislación permite demandas civiles en el caso que el demandante pueda demostrar que fue perjudicado por la conspiración criminal.
Reich contrató abogados expertos en la Ley RICO para someter la queja en el tribunal de apelaciones correspondiente, según consta en los récords judiciales.
Betancourt y Trebbau son acusados de haber encabezado un esquema de corrupción que les permitió obtener 12 contratos durante el gobierno del fallecido mandatario Hugo Chávez a favor de sus empresas estadounidenses, Derwick Associates USA LLC y Derwick Associates Corporation, para construir plantas de energía.
Durante el 2009 y 2010, les fueron adjudicados los contratos valorados aproximadamente en $1 billón de dólares estadounidenses.
Dichos contratos fueron asignados de la siguiente manera:
Petróleos de Venezuela S.A.:
30 de abril de 2010 – Las Morochas;
21 de noviembre de 2012 – El Furrial;
21 de noviembre de 2010 – El Morichal; y
23 de noviembre de 2010 – Barinas I.
Por parte de Corpoelec, Corporación Eléctrica de Venezuela:
2 de octubre de 2009 – Picure;
23 de noviembre de 2009 – La Raisa I;
30 de noviembre de 2009 – La Raisa II;
11 de marzo de 2010 – Guarenas I; y
4 de octubre de 2010 – Guarenas II.
y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG)
2009 – Sidor Planta A y Planta B
De acuerdo a la acusación, el esquema de corrupción de Derwick se basó en el pago de sobornos multimillonarios a funcionarios públicos en Venezuela, encargados de la adjudicación de contratos de construcción en el sector energético. Una vez que los contratos fueron garantizados a Derwick y que el dinero fue transferido a cuentas bancarias en Nueva York, los empresarios se apoderaron de millonarios recursos que luego depositaron en bancos americanos e internacionales. A su vez, Derwick, sub-contrató a empresas estadounidenses, incluyendo General Electric, Pratt & Whitney y ProEnergy Services LLC, para llevar a cabo los proyectos de construcción de las plantas que actualmente no funcionan, lo que generado un colapso del sistema eléctrico venezolano.
Según la demanda de Otto Reich, esos contratos no fueron objeto de un proceso de licitación pública.
El gobierno de Hugo Chávez nunca hizo público los costos finales de las asignaciones.
Reich y su empresa de consultoría Otto Reich & Associates LLC, con sede en Washington, alegaron que los demandados violaron normas de un estatuto especial contra el fraude, la corrupción y el lavado de dinero establecido en la mencionada ley RICO.
La demanda afirma que Reich resultó perjudicado desde el punto de vista financiero y en su reputación, por los empresarios como resultado de versiones falsas difundidas por ellos, según las cuales, el ex embajador trabajaba para Derwick, una firma conocida por sus conducta dolosa y fraudulenta. Según alegaciones, dos clientes de Otto Reich Associates LLC (Banco Venezolano de Crédito y el banquero venezolano Eligio Cedeño) cancelaron los contratos de asesoría por las afirmaciones de los empresarios demandados.
La primera acción legal de Reich buscaba una compensación por daños superior a los $9 millones.
Los empresarios acusados niegan los cargos.
Los próximos pasos
Luego de la audiencia realizada el 10 de marzo de 2017, en el caso relacionado con Betancourt y Trebbau está por ser decidido por los jueces de la Corte de Apelaciones. De llegar a fallar a favor de Reich, la querella pasaría a la Corte del Distrito Sur de Nueva York y los demandados estarían obligados a enfrentar un juicio con jurado en Manhattan.
Una vez enviado en caso al tribunal, se asignaría un nuevo juez y el proceso entraría en la etapa de descubrimiento (discovery), durante la cual, el demandante, en este caso Otto Reich, debe presentar pruebas y promover testigos que, según fuentes consultadas, son más de cinco personas.
Asimismo, la corte podrá solicitar la información relacionada con los movimientos de capital que realizó la empresa y los demandados en las cuentas pertenecientes al sistema financiero norteamericano durante la conspiración demandada. La data debe reflejar las transferencias hechas desde las cuentas usadas por los empresarios, sus negocios y otras cuentas de individuos y/o empresas que recibieron pagos por su participación en el esquema de corrupción alegado.
Si el recurso de Apelación falla a favor de los demandados, el caso quedará cerrado completamente.
