En una carta rogatoria enviada en 2010 a las autoridades judiciales en Andorra, el Ministerio Público de Venezuela reconoce que Tulio Antonio Hernández Fernández, presunto integrante de la red de lavado de dinero vinculada con Norman Danilo Puerta, tenía un pasaporte diplomático que había sido emitido por la Cancillería venezolana. Santiago de Roselló Piera, director financiero de BPA, declaró a la Policía de Andorra que Gabriel Ignacio Gil Yánez, también tenía un pasaporte diplomático y que depositó 221.400 euros en efectivo en el principado
La Fiscalía de Venezuela reconoció en 2010 la existencia del pasaporte diplomático emitido en 2004 por la Cancillería venezolana a Tulio Antonio Hernández Fernández, uno de los dos acreditados como “asesores del ministro” de Economía y Finanzas investigados por la justicia de Andorra por presunto lavado de dinero proveniente del tráfico internacional de drogas.
Luego de la detención de Norman Danilo Puerta Valera, ex jefe Antidrogas de la policía científica de ese país (Cicpc), el 7 de junio de 2010, la fiscal séptima del Ministerio Público de Venezuela, Yemina Carolina Marcano Rigual —comisionada por la Fiscal General de ese país, Luisa Ortega Díaz— envió una carta rogatoria a la Justicia de Andorra para solicitar información sobre ocho ciudadanos venezolanos sospechosos de estar relacionados con una red lavado de dinero en la Banca Privada de Andorra (BPA).
Puerta Valera tenía una cuenta en BPA con 1,4 millones de dólares. Fue detenido en dos ocasiones en Andorra por presunto lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas. Esta red estaba vinculada —mediante depósitos y transferencias de miles de dólares y euros— a dos cuentas en BPA inscritas a nombre de Puerta Valera y operaba desde oficinas del Centro Ciudad Comercial Tamanaco (CCCT), en el este de Caracas con la complicidad y asistencia de la filial BPA Serveis en Panamá.
En el expediente elaborado por la Fiscalía, con fecha 15 de junio de 2010, se mencionan los nombres, números de documentos de identidad (cédula) y los datos de los pasaportes de todos los investigados. En la lista destaca el pasaporte diplomático otorgado al venezolano Tulio Antonio Hernández Fernández como “asesor” del entonces ministro de Finanzas y actual presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes. De esta manera el Ministerio Público de Venezuela admitía como válido y legal el documento.
También, el expediente oficial de la Policía de Andorra recoge las declaraciones de Santiago de Roselló Piera, director financiero de BPA, en las que declara que tanto Tulio Antonio Hernández Fernández como Gabriel Ignacio Gil Yánez poseían pasaportes diplomáticos.
Otro documento también da fe de la existencia de los salvoconductos. Un informe elaborado por el oficial de fiel cumplimiento (compliance) contratado por la BPA —también en 2010— confirma que Gabriel Ignacio Gil Yánez disponía “de pasaporte diplomático como asesor del ministro de finanzas”.
En el reporte elaborado por estos analistas se especifica que Gil Yánez utilizó el pasaporte diplomático emitido por la Cancillería venezolana para declarar en la aduana de España el dinero en efectivo que ingresaba a varias cuentas de la BPA en Andorra, según consta en toda la documentación —más de 150 páginas de informes oficiales— a la que tuvo acceso el Consorcio Iberoamericano de Periodistas de Investigación (CIPI). Allí queda reflejado que al menos uno de los depósitos fue por 221.400 mil euros.
Además, el CIPI obtuvo información que indica que el abogado de la firma United Consulters de Venezuela, propiedad de Tulio Antonio Hernández Fernández, era Juan Carlos Thula Rauseo, quien también habría accedido a un pasaporte diplomático como asesor de ese ministro venezolano.
Una fuente de la Cancillería venezolana validó la versión de que los involucrados consignaban copias de documentos de identidad y fotografías a funcionarios de Secretaría de Presidencia para obtener los “salvoconductos de lujo”.
El narcotraficante colombiano Farid Feris Domínguez, apresado el 22 de septiembre de 2006 en Venezuela y deportado a Colombia, también estaba en posesión de un pasaporte diplomático como “asesor” del ministro de Finanzas de Venezuela.
“Esos pasaportes se hicieron en Cancillería”
La Cancillería de Venezuela negó en un comunicado difundido el pasado 17 de abril de 2015 “la entrega de pasaportes diplomáticos a personas investigadas en Andorra”
Sin embargo, un funcionario del ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, que accedió a declarar para este trabajo bajo reserva de su identidad, recordó que no se conocen casos de falsificación o robos de pasaportes diplomáticos en los últimos 15 años. “Esos pasaportes se hicieron con material de Cancillería. De dónde más los iban a sacar, de ningún otro sitio. Es imposible falsificar el material para la elaboración de esos pasaportes”.
El funcionario explicó que la emisión de pasaportes diplomáticos se rige por el Reglamento de Pasaportes vigente desde 1974. Este instrumento define quiénes son los ciudadanos que —por su función o cargo— tienen derecho a recibir un pasaporte diplomático. En la lista no figuran los asesores de ministros, pero se establece que el Presidente de la República tiene la autoridad para ordenar la asignación y elaboración de pasaportes diplomáticos a cualquier ciudadano.
“En esa época, durante el gobierno de Hugo Chávez (1999-2013), se hizo frecuente la emisión de pasaportes diplomáticos para asesores de ministros. Había problemas con el material para los documentos ordinarios y nos decían que había que facilitarle los viajes a los ministros. Por esa razón se otorgaron pasaportes diplomáticos a varios asesores de ministros. Por ejemplo, recuerdo el Ministerio de Finanzas”, precisó el funcionario al CIPI en conversación telefónica.
Ratificó que muchas de estas solicitudes llegaban desde el Palacio de Miraflores. “Venían de la Secretaría de la Presidencia. Se notificaba al despacho del ministro de Relaciones Exteriores o del Viceministro, si ellos los aprobaban se hacían. Los elaboraba la Dirección de Inmunidades y Privilegios”, dijo.
En esa oficina de la Cancillería, ubicada en la Casa Amarilla, se lleva un registro de los documentos emitidos en un cuaderno denominado libro de pasaportes. “Allí se anotan los datos de todos los pasaportes diplomáticos entregados. Eso se hace para no repetir los números y mantener el orden correlativo. Por eso todo esto es muy extraño. Todos los pasaportes se registran y toda la documentación relacionada (planillas de solicitud) se archiva”, explicó el funcionario, quien asegura que estos soportes deben estar en el archivo del despacho de Relaciones Exteriores.
Aseguró que los pasaportes de los asesores del ministro de Finanzas, vinculados con una red de lavado de dinero, tienen las mismas características que los documentos de este tipo emitidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores. El papel, la presentación, la forma en que fueron elaborados, los sellos, la tipografía y las firmas de los funcionarios de Cancillería se corresponden con la de los pasaportes diplomáticos.
Investigación de Andorra duerme en la fiscalía venezolana desde 2010
El expediente levantado por la Justicia de Andorra contiene declaraciones y copias de los documentos presentados por los sospechosos a la BPA en el momento en el que abrieron las cuentas, entre los que se incluyen los pasaportes diplomáticos de Hernández Fernández y de Gil Yánez. Además de un informe detallado de diez páginas del oficial de cumplimiento y una carta rogatoria de la fiscalía venezolana, según se constata en la documentación a la que el CIPI tuvo acceso.
En 2010, luego de la detención del excomisario antidrogas Norman Puerta en Andorra por presunto lavado de dinero, el Ministerio Público comisionó a Yemina Carolina Marcano Rigual, fiscal séptima del Ministerio Público para investigar el caso.
El expediente de la “Operación Crù” (Crudo) contiene la rogatoria o exhorto enviado por la fiscal séptima del Ministerio Público de Venezuela a la jueza andorrana María Àngels Moreno Aguirre, en el que solicita “asistencia mutua en materia penal”, como lo establece la legislación venezolana y la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
La petición de apoyo internacional deja claro que las autoridades venezolanas iniciaron una investigación por el caso de Puerta Valera casi de inmediato. “…en lo atinente a la sustentación de la investigación penal que adelanta la Fiscalía Séptima del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena, identificada con el Nº NN-F07-0030-10, por la presunta comisión de los delitos contemplados en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia”, dice el primer párrafo de la carta rogatoria elaborada en fecha 15 de junio de 2010.
La petición, firmada por la fiscal Yemina Carolina Marcano, menciona a otras siete personas investigadas junto al excomisario: Gabriel Ignacio Gil Yánez, Juan Carlos Thula Rausseo, Tulio Antonio Hernández Fernández, Yajanira Dayana Ontiveros Linares (esposa de Tulio), Jorge Luis Mathinson Jiménez, Richard José Cammarano Jaimes y Miguel Antonio Djamous Kasale.
El exhorto enviado por la Fiscalía Venezolana solicita varias diligencias, entre las que se enuncian: “copias certificadas de los testimonios rendidos por Norman Danilo Puerta Valera”, quien fue detenido en dos ocasiones en el principado, según consta en la documentación obtenida por esta investigación.
Las autoridades de Venezuela también pidieron a la Justicia de Andorra copias auténticas de todas las actuaciones de la causa contra Puerta Valera, así como data migratoria de todos los venezolanos investigados en la causa e información sobre la propiedad de bienes muebles o inmuebles de los involucrados.
El Consorcio Iberoamericano de Periodistas de Investigación contactó, por medio de una llamada telefónica al despacho, la la fiscal Yemina Carolina Marcano Rigual, actualmente titular de la fiscalía 27 con competencia nacional, pero declinó hacer algún comentario sobre el expediente de Andorra. “No, no puedo darte ningún tipo de declaración de ningún caso”, respondió.
Los resultados de la investigación llevada a cabo en Venezuela por el Ministerio Público no se conocen. Todos los involucrados en la presunta red de lavado de dinero en la BPA se encuentran en libertad y nunca fueron procesados por ese hecho, ni siquiera el exjefe de antidrogas del Cicpc, Norman Danilo Puerta Valera, que reside en el estado Zulia.
Miguel Antonio Djamous Kasale —mencionado en el expediente— fue asesinado en 2009 en un supuesto intento de secuestro. “El agraviado fue golpeado por los cuatro sujetos que tripulaban una camioneta. Los testigos aseguraron que lo arrastraron hasta una edificación cercana y luego le dieron muerte con varios disparos”, dice una nota publicada en junio de 2009 por El Universal.
La Cancillería de Venezuela procesó la carta rogatoria enviada a Andorra por el Ministerio Público en 2010, tal como lo establece el artículo 108 del Código Orgánico Procesal Penal de 2009, y no objetó la legitimidad del pasaporte diplomático a nombre de Tulio Antonio Hernández Fernández.
Así se movían las cuentas
Puerta Valera ocupaba la jefatura de la División Contra Drogas de la Policía científica de Venezuela (CICPC). Tulio Antonio Hernández Fernández era uno de los funcionarios, junto a Gabriel Ignacio Gil Yánez, acreditado con pasaporte diplomático como “asesor” del ministro de Economía y Finanzas de Venezuela.
Tanto Hernández Fernández como Gil Yánez —quien estuvo preso por intento de robo de aeronave entre 2010 y 2014— hacían transferencias e ingresos en efectivo de altas sumas de dólares y euros a la cuenta de Puerta Valera a título personal y también en nombre de compañías fantasmas compradas a través de BPA Serveis, una filial de la entidad en Panamá, según reza en el expediente por la Policía de Andorra e informes de auditores de una comisión de fiel cumplimiento.
Según el informe de la policía andorrana, Tulio Hernández y Gabriel Gil utilizaron sus pasaportes diplomáticos para facilitar los trámites de apertura de cuentas y documentación requerida en la Banca Privada de Andorra. Por su parte, la entidad financiera se confió de los pasaportes diplomáticos como soporte de compliance.
Entretanto, a una semana de publicado el reportaje del CIPI, en Venezuela no han sido respondidas las siguientes interrogantes:
¿Por qué no se han pronunciado sobre el caso de Andorra y los supuestos asesores, Nelson Merentes, exministro de Economía y Finanzas de Venezuela, ni el coronel Manuel Barroso, extitular de la Secretaría de la Presidencia de ese país, despacho que tramitó los pasaportes diplomáticos de los investigados?
El comunicado de la Cancillería de Venezuela se limitó a negar la emisión de los pasaportes diplomáticos a Hernández Fernández y Gil Yánez, sin embargo, no explica: ¿Iniciaron las autoridades venezolanas una investigación para determinar el origen de esos documentos y la participación de estos venezolanos en la supuesta red de lavado de dinero?
Al momento de recibir el pasaporte diplomático, Tulio Antonio Hernández Fernández tenía antecedentes penales por tráfico de heroína, ¿la Fiscalía venezolana indagó sobre este hecho a propósito de la investigación del caso Andorra?
Fuente: Consorcio Iberoamericano de Periodistas de Investigación, CIPI
