La compañía automotriz General Motors comunicó que cesará definitivamente sus operaciones en Venezuela, tras la medida de “amplio embargo” contra sus bienes, que fue emitida el pasado 18 de abril cuando autoridades estatales confiscaron su planta en Valencia.
A través de un comunicado, General Motors señaló que la decisión fue tomada en desconocimiento al derecho a la defensa y al debido proceso, además causó un daño irreparable a la compañía y a sus trabajadores, ocasionando la terminación de relaciones laborales.
La empresa hizo numerosas peticiones a las autoridades para reunirse y discutir la situación, sin embargo no recibieron respuesta.
General Motors hizo una solicitud de avocamiento al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) pero el pasado 25 de mayo la Sala Constitucional declaró inadmisible la solicitud, con seis votos de los siete magistrados que integran la sala. El voto salvado corresponde a la posición de la magistrada Carmen Zuleta de Merchán.
“Se evidencia una vez más el irrespeto al debido proceso y al derecho legítimo a la defensa; por lo que la decisión tomada por General Motors es irreversible, luego de más de 69 años de contribución a la generación de empleos de calidad, la movilidad de todos los sectores de la economía nacional y de los propios venezolanos”, dice el comunicado.
La compañía ratificó que ejercerá todas las acciones legales a su alcance dentro y fuera de Venezuela, en busca del resarcimiento de todos los daños originados en su contra que trajo como consecuencia el cese de sus operaciones.
Las autoridades del Estado confiscaron las instalaciones de la empresa en Valencia así como vehículos que permanecían en la planta.
A continuación el comunicado íntegro:
STATEMENT DE GENERAL MOTORS
Como ha sido del conocimiento de las autoridades y de la opinión pública, General Motors se vio forzada a cesar sus operaciones en Venezuela tras la medida de “amplio embargo” contra sus bienes, la cual fue emitida el pasado 18 de Abril en total desconocimiento al derecho a la defensa y al debido proceso, causando un daño irreparable a la compañía, a sus trabajadores y ocasionando la terminación de las relaciones laborales.
A pesar de las numerosas peticiones de General Motors para reunirse con las autoridades Venezolanas, discutir la situación y encontrar una solución, la empresa no recibió ninguna respuesta afirmativa.
El pasado 25 de mayo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció declarando como inadmisible la solicitud de avocamiento presentada por General Motors, luego de la medida de amplio embargo judicial contra sus bienes, con seis votos de los siete magistrados que integran la sala. El voto salvado corresponde a la posición de la magistrada Carmen Zuleta de Merchán.
Con la negativa, del avocamiento solicitada por la ensambladora más grande y de mayor tradición en el país, se evidencia una vez más el irrespeto al debido proceso y al derecho legítimo a la defensa; por lo que la decisión tomada por General Motors es irreversible, luego de más de 69 años de contribución a la generación de empleos de calidad, la movilidad de todos los sectores de la economía nacional y de los propios venezolanos.
La compañía ratifica que ejercerá vigorosamente todas las acciones legales a su alcance dentro y fuera de Venezuela, en busca del resarcimiento de todos los daños injustamente originados en su contra, por ello el cese de nuestras operaciones.
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