ANARQUIA TOTAL: Las comunas corruptas.
“La acuciosidad y paciencia de Brian dominan el letargo y los secretos de los miles de millones de dólares perdidos, robados o despilfarrados que hoy le hacen falta a Venezuela en medio de la más grande crisis económica de su historia reciente. Tal es la situación que hoy hasta el ministro de Energía Rafael Ramirez pide aumentar el precio de la gasolina cuyo subsidio llega hasta los 12 mil millones de dólares por año”, reseña el portal web.
El reporte originalmente en inglés fue escrito en español por Diego Oré y Eyanir Chinea, editado por Esteban Israel.
A continuación el trabajo completo:
El barrio de El Chaparral comenzó a recibir financiamiento del Gobierno de Venezuela en el 2005, cortesía de un plan de Hugo Chávez para combatir la pobreza transfiriendo miles de millones de dólares de los ingresos petroleros a las comunidades del país, reseña Reuters.
Un año más tarde, el mecánico Juan Freire le rogaba a las autoridades para que cortaran el chorro de dinero a El Chaparral y a su comunidad hermana, Los Pinos, con una población combinada de 250 personas. El dinero no iba a los necesitados, dijo, y no estaba impulsando el crecimiento económico.
Por el contrario, alegó, los líderes del consejo comunal en este montañoso suburbio junto al mar Caribe estaban usando parte del dinero para gastos personales y la construcción de viviendas para sus familiares.
Freire y sus vecinos presentaron denuncias a casi una docena de agencias estatales buscando frenar aquellas transferencias.
Y sin embargo el dinero siguió llegando.
En el 2008, el consejo recibió el equivalente a casi 1 millón de dólares o unos 40.000 dólares por residente.
“He ido hasta el Ministerio y siempre nos terminaban diciendo ‘vamos a mandar algunas recomendaciones’”, dijo Freire, de 57 años. “Es que nunca nos dieron respuesta de nada”.
El gasto no supervisado en El Chaparral es sintomático del escaso control financiero en los vastos esfuerzos del Gobierno por ayudar a las comunidades más pobres de Venezuela.
Una red de más de 70.000 grupos comunitarios ha recibido el equivalente a por lo menos 7.900 millones de dólares desde el 2006 de la agencia federal que financia gran parte del programa, según cálculos de Reuters basados en los informes oficiales del Gobierno.
El dinero es parte de un amplio esfuerzo que el Gobierno llama “Estado Comunal”.
El programa destina el dinero a las comunidades, principalmente a través de un equipo llamado el Servicio Autónomo Fondo Nacional de los Consejos Comunales o Safonacc.
Pero, exactamente cuánto dinero pasa a través de este sistema, quién lo recibe y cómo se utiliza es un gran misterio.
El programa de reparto de ingresos a las comunidades fue promovido por el fallecido presidente Chávez. El carismático militar de izquierda quería que pequeños grupos de vecinos formaran “comunas” que definirían la vida de una democracia socialista.
En uno de sus últimos discursos antes de morir de cáncer en el 2013, Chávez pidió a su sucesor, Nicolás Maduro, seguir con el plan.
“Te encomiendo esto como te encomendaría mi vida”, le dijo a Maduro, un ex chofer de autobús que ganó por estrecho margen las presidenciales unos meses más tarde.
De estas organizaciones las más habituales son los consejos comunales, unos 40.000 según un estudio publicado en el 2013 por el Ministerio para las Comunas. Esa evaluación también identificó a otras 30.000 organizaciones, incluidas las comunas que suelen ser redes de consejos comunales.
Maduro ha enfrentado tres meses de violentas protestas opositoras que han dejado 41 muertos desde febrero, según cifras oficiales. A pesar de que los manifestantes claman por su renuncia, él no muestra signos de una posible dimisión y se ha aferrado al programa estrella de Chávez: el Estado comunal.
El presidente ha defendido las comunas como el esfuerzo de Chávez para reducir la desigualdad a través de los millonarios ingresos petroleros de la nación. Muchas comunidades fundaron, con éxito, centros comunitarios, repararon carreteras y pusieron en marcha pequeñas empresas.
“Sin comunas se acabaría todo”, ha dicho Maduro. “La comuna es el epicentro para la vida humana en solidaridad, para la vida verdaderamente humana, para la vida en socialismo”.
Cuentas ocultas
Pero el Gobierno venezolano no publica una contabilidad oficial de cómo se gastan los fondos de apoyo comunitario. El Ministerio de Finanzas no respondió a las preguntas sobre el financiamiento de comunidades para esta investigación.
Safonacc es supervisado por el Ministerio para las Comunas y los Movimientos Sociales, que promueve “el desarrollo social integral y participativo”. Un funcionario de este ministerio dijo que no estaba autorizado a dar información. Reuters no pudo obtener una entrevista con el ministro de Comunas, Reinaldo Iturriza.
Algunos funcionarios del Gobierno han alertado sobre el gasto. En su informe del 2011, la Contraloría General de la República identificó problemas de gestión por parte del Safonacc. El informe concluía que la entidad carecía de un sistema centralizado para rastrear los gastos y dar seguimiento a los proyectos.
La oficina del contralor dijo a Reuters que no lleva la cuenta de las transferencias totales a las comunidades; sólo controla las finanzas de los consejos comunales que audita.
Pese a las irregularidades en el Safonacc, la Contraloría dijo que las denuncias “no permiten objeciones acerca de la pertinencia de la existencia de estas instancias sociales y comunitarias. Por el contrario, (las denuncias) se corresponden con el deber de cooperar para el apuntalamiento de su desarrollo y consolidación (de los consejos comunales)”.
Políticos opositores aseguran que el Gobierno está usando el sistema para financiar a sus simpatizantes esquivando a alcaldes de la oposición.
Y han señalado que el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) -que usa recursos del Estado para ayudar a las regiones pobres a desarrollarse a la par de las más ricas- lleva tres años dando más dinero a grupos comunitarios que a los 337 municipios del país.
El FCI aporta fondos para el Safonacc y también financia directamente a grupos comunitarios. Según el presupuesto de este año, destinó el equivalente a 1.380 millones de dólares a los grupos comunitarios y el equivalente a 1.290 millones de dólares a los municipios.
“El esquema del estado comunal carece de los controles fiscales que rigen para los estados y los municipios. No hay cómo garantizar la adecuada ejecución de los recursos”, dijo José Vicente Haro, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas.
“Hay una marcada tendencia de usar estas instancias para reducir los recursos disponibles para políticos opositores, lo cual violenta principios constitucionales”, agregó.
El cálculo de Reuters de 7.900 millones de dólares en pagos a los grupos comunitarios se basa en las cifras de los informes anuales del Ministerio para las Comunas presentados ante la Asamblea Nacional e información publicada en el sitio web del Safonacc, en algunos casos eliminada desde que Reuters empezó a indagar sobre los gastos.
El Ministerio para las Comunas divulgó un comunicado en enero reportando que el Safonacc sólo transfirió un equivalente a unos 733 millones de dólares a grupos comunitarios entre el 2009 y el 2013.
Sin embargo, la información incluida en el comunicado parece contradecir los informes anuales del Ministerio ante el Congreso, que demuestran que se transfirió más que esa cifra en un sólo un año.
El Ministerio no respondió a solicitudes de aclaración.
“Utopía concreta”
Por décadas, Chávez soñó con conformar una red nacional de grupos comunitarios autónomos, una visión trazada en los planes de una sociedad revolucionaria que él y sus compañeros buscaban crear a través de un golpe de Estado en 1992.
“La democracia popular bolivariana nacerá en las comunidades y su sabia benefactora se extenderá por todo el cuerpo social de la nación”, escribió Chávez a principios de 1990 en una serie de textos que llaman a la creación de una “utopía concreta”.
El golpe de 1992 fracasó, pero lanzó al estrellato a Chávez, quien finalmente llegó a la presidencia en 1999. El boom de los precios del petróleo de la década siguiente le ayudó a ?financiar el generoso gasto que le granjeó un enorme apoyo electoral a su “revolución socialista”.
Durante sus 14 años en el poder la pobreza en Venezuela se redujo casi a la mitad: desde un 48,7 por ciento hasta el 25,4 por ciento de la población en el 2012, según el Banco Mundial.
El ingreso petrolero es el pilar de la economía venezolana y un elemento clave del presupuesto nacional. La petrolera estatal PDVSA pagó el año pasado cerca de 44.000 millones de dólares en impuestos, gasto social y contribuciones al fondo de desarrollo nacional conocido como Fonden, según cifras preliminares del Ministerio de Petróleo.
Pero el seguimiento de dónde y cómo se gasta la renta petrolera se ha hecho más difícil en los últimos años, con el auge de fondos estatales opacos que no revelan sus finanzas.
Uno de ellos es el Fonden que, desde su creación, ha manejado la friolera de 100.000 millones de dólares, canalizando algunos años la mitad de todas las inversiones en Venezuela.
El Fonden, según detalló una investigación de Reuters en el 2012, no está sujeto a la supervisión de la Asamblea Nacional y no ofrece un detalle de sus gastos.
Un patrón similar se estableció en los consejos comunales, creados en el 2006.
Algunas comunidades parecen invertir el dinero como estaba previsto. En José Félix Ribas, una comuna que comprende 24 consejos comunales del barrio pobre de Antímano, en el suroeste de Caracas, los vecinos transformaron un terreno repleto de automóviles abandonados.
Ahora es un centro comunitario de tres pisos con cibercafé, un taller textil con una moderna máquina de bordar y un centro de estudios para los niños del barrio.
“Viste que sí se puede”, dice Aura Aguilera, de 34 años, quien trabaja a tiempo completo en el desarrollo comunitario. Desde el 2006, ella ha ayudado a administrar el equivalente a unos 150.000 dólares para construir el negocio textil.
Las autoridades han hecho algunos esfuerzos para combatir el derroche y el fraude. La Fiscalía General dijo en el 2011 que estaba investigando a cerca de 1.500 personas por abusar de los recursos aportados a consejos comunales.
Dos años después, la Fiscalía anunció la detención de tres personas, entre ellos un empleado de un organismo gubernamental que financia grupos comunitarios, por presuntamente hacerse del equivalente a 110.000 dólares destinados a comprar botes para pescadores en el delta del río Orinoco.
La Contraloría ha ofrecido capacitación gerencial a más de 80.000 personas y publicó auditorías mostrando irregularidades en el uso de fondos. Reuters se enteró de los problemas en El Chaparral por un informe de la Contraloría.
“Auditoría social”
Funcionarios de la Contraloría alegan que no hay manera de auditar cada consejo comunal. En lugar de ello, sostienen, las irregularidades pueden ser detectadas a través de la “auditoría social”, en la que los propios ciudadanos denuncian el fraude.
En muchos casos, sin embargo, los residentes dicen que no tienen suficiente información para convencer a las autoridades de abrir una investigación.
Víctor González, un auditor, se unió en el 2010 a la junta directiva de su consejo vecinal en el humilde barrio La Pastora en Caracas.
A través de contactos en una de las alcaldías de la capital, dice que descubrió que el grupo había recibido unos 330.000 bolívares -equivalentes a 153.000 dólares al momento del desembolso- para reparar un muro de contención en la comunidad.
La anterior junta directiva no dejó ninguna documentación.
González, un acérrimo seguidor de Chávez, dijo que la junta anterior gastó todos los fondos pero sólo cubrió el muro con una fina capa de cemento. “¿Tú ves 330.000 bolívares allí?”, pregunta señalando la pared adornada con consignas que celebran las comunas. “Yo no”.
La Contraloría dijo que había recibido una queja sobre la situación, pero que la desestimó porque no estaba debidamente fundamentada.
“Claro que no tenía los documentos, si la junta no dejó nada”, dijo González cuando se le informó sobre la decisión de la Contraloría. “¿Qué iba hacer?”
Los anteriores miembros de ese consejo comunal no estuvieron disponibles para comentarios. El alcalde del municipio tampoco respondió un correo electrónico en busca de declaraciones.
En Samán Mocho, un barrio rural a las afueras de la ciudad industrial de Valencia, un residente, Jesús Díaz, dijo que fue echado de la junta directiva del consejo en el 2007 durante una asamblea convocada precipitadamente que no alcanzó el quórum.
Los vecinos se quejaron de que estaba demorando un programa de construcción de viviendas. Díaz confirmó el retraso, pero dijo que fue porque se negó a transferir fondos a la cuenta personal de un contratista y no a la empresa constructora, lo que hubiera sido ilegal.
Entre el 2006 y el 2007 el consejo de Samán Mocho recibió el equivalente a unos 1,3 millones de dólares para construir 40 viviendas. Pero en el 2008, según cuenta Díaz, el contratista se había quedado sin dinero luego de construir parcialmente sólo 10 casas que los residentes tuvieron que terminar por su cuenta.
La Contraloría Nacional dijo a Reuters que el caso estaba siendo investigado, pero que se encontraba en “etapa de valoración”.
Antes de que la Contraloría completara la investigación, Samán Mocho recibió más fondos. Un programa de construcción de viviendas traspasó al consejo comunal el equivalente a 465.000 dólares en el 2011 para construir 30 casas, entre ellas una para la hija de Díaz.
“Es una demostración de que el pueblo sí puede construir viviendas. Es maravilloso”, dijo Díaz, asegurando que aquella vez el proyecto sí fue exitoso.
El Chaparral
En El Chaparral, la comunidad construyó unas 20 casas en el 2005 a través de un programa piloto de financiamiento comunal. Pero con el tiempo, surgieron las quejas.
Los directores retiraron dinero destinado a proyectos de desarrollo local y lo repartieron entre sus propios familiares, supuestamente para que lo custodiaran, dijo Freire, el mecánico de autos.
A menudo la comunidad no sabía qué proyectos habían propuesto los líderes del consejo y cuánto habían recibido de financiamiento, comentó.
El y varios vecinos presentaron denuncias formales contra tres mujeres que controlaban las finanzas del consejo y en el 2007 una asamblea comunal votó para expulsarlas de la junta. Ellas objetaron la votación y consiguieron apoyo de funcionarios del Ministerio de Comunas, que anularon la decisión, según Freire.
El mecánico dice haber asistido a una reunión donde líderes comunitarios pidieron el apoyo a funcionarios del Ministerio de Comunas para obtener unos 650.000 bolívares -100.000 dólares- para comprar equipo pesado de construcción, un proyecto que la comunidad desconocía.
Ana Salazar, una de las tres miembros del consejo, negó las acusaciones.
“No, no, para nada. En Chaparral-Los Pinos todos los proyectos que recibieron fondos fueron ejecutados”, dijo.
Pero la Contraloría discrepó. En un reporte del 2011 se muestra que el consejo comunal falló en documentar sus gastos, hizo cheques para uno de los miembros de la junta directiva y realizó gastos no relacionados con los proyectos comunales. La Contraloría no encontró evidencias de que el Ministerio de Comunas había inspeccionado los proyectos que financió.
Salazar dice que no ha visto el informe, que no la nombra.
Cuestionada sobre las acciones tomadas después de aquella investigación, la Contraloría explicó que envió recomendaciones al Ministerio de Comunas, al Safonacc y a otros consejos comunales.
Pero residentes de El Chaparral dicen que casi no vieron resultados pese a que la comunidad recibió varios millones de bolívares.
El consejo comunal compró una casa para reuniones, pero, según denunció una vecina, estaba en “terribles condiciones” y fue adquirida con sobreprecio.
En una visita reciente, un letrero escrito a mano, colgado en la puerta, indica a los visitantes que las reuniones pautadas allí fueron mudadas porque el sitio es muy pequeño para albergar a los asistentes.
Freire dijo que varias micro empresas recibieron el equivalente a 140.000 dólares, incluyendo un taller de autos, negocios de comida casera y una pequeña fábrica de bloques y ladrillos. Ninguno de esos emprendimientos existe, asegura.
Quinientos árboles de aguacate, comprados para crear un huerto, fueron abandonados y murieron, según otra vecina. Un proyectado jardín de plantas medicinales es ahora un lote de hierba delimitado por una cerca y pilas de basura.
Freire dice que el sistema de los consejos comunales no estaba suficientemente protegido contra la gente que sabe cómo usarlo para su propio beneficio a expensas de las comunidades.
“Los proyectos sin supervisión no funcionan nunca, en ninguna parte”, dijo. “Hay gente que ve ese trasfondo y lo utiliza como una herramienta de enriquecimiento personal”.
FUENTE Noticiero Digital
