La tarde del 10 de febrero, el registro de la Cámara de Comercio de Puerto Cabello señaló la llegada al país del buque San Antonio, de bandera liberiana, cargado con 11.600 toneladas de comida. El contenido descrito en las actas era “kits de alimentos” y el consignatario de la carga era la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (Casa), una empresa estatal que utilizó la compañía Postar Intertrade Limited para realizar las transacciones.
Colaboraron en la reportería: Dayrí Blanco y César Batiz / Luis Alejandro Borrero / El Pitazo
La empresa Postar Intertrade Limited, que trasladó el cargamento de 633 contenedores con alimentos, la fundó en 2013 Samark López Bello, el empresario que el 13 de febrero fue sancionado por las autoridades del Departamento del Tesoro por ser el presunto testaferro del vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, a quien vincularon con el tráfico de más de una tonelada de cocaína a EEUU. A López Bello le incautaron empresas, inmuebles ubicados en Brickell, Miami, así como un avión valorado en 15 millones de euros.
El buque con la carga fue descargado en el muelle 24 del puerto de Puerto Cabello, el principal puerto marítimo de Venezuela, un país con una economía de puertos sumido en una profunda crisis, con índices de inflación de tres dígitos —la más alta del mundo— y una caída del producto interno bruto de al menos 8%.
La mayor parte de los alimentos provenían de Panamá, aunque fueron adquiridos en México, según informó la revista Informes, que sigue de cerca los movimientos de carga marítima. Fuentes consultadas para este trabajo contaron a El Pitazo que las cajas con alimentos habían sido ensambladas con productos como harina, granos, salsas y café provenientes de EEUU, México y Panamá. La contratista usó galpones ubicados en Colón, Panamá, en los que seis líneas de trabajo con jóvenes, en su mayoría venezolanos indocumentados, embalaron al menos 500 paquetes por día.
Carlos Paparoni, diputado en el Parlamento venezolano por el principal partido opositor, Primero Justicia, quien adelanta una investigación sobre el programa de distribución de alimentos a través de los Clap, denunció que el precio internacional del combo es de 8 dólares, pero que el Gobierno los importa a $ 35. Es decir, por cada caja hay 27 dólares que no se sabía dónde terminaban, explicó el legislador. Las dudas quedaron disipadas con la descarga que se hizo en Puerto Cabello hace cinco días.
Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) son un programa que lanzó el Presidente Nicolás Maduro el 3 de abril de 2016. Su misión era luchar contra la escasez de alimentos, calculada en 43,1% en diciembre de 2016 por organizaciones independientes. El Banco Central de Venezuela (BCV) no difunde con regularidad indicadores económicos. La oposición, que controla el Parlamento, se ha quejado de que el gobierno no dé prioridad a la producción nacional, de que los Clap profundizan la dependencia de las importaciones y que discriminan a opositores en la distribución de alimentos.
El presunto testaferro, el gran importador
López Bello, un economista egresado de la Universidad Central de Venezuela, nació en Tucupita, una de las ciudades más pobres de Venezuela, al noreste del país. Entre 2002 y 2004 trabajó como jefe de Planificación y Presupuesto en la Gobernación del estado andino de Mérida, de donde salió luego de denuncias acerca de irregularidades en su gestión. Para 2010 era uno de los principales contratistas de Pdval, el programa de alimentación gestionado por la estatal petrolera Petróleos de Venezuela S. A. (Pdvsa), que pasó a la historia por el escándalo de la descomposición de más de 400 toneladas de alimentos comprados a Brasil, Argentina y EEUU que nunca fueron distribuidos entre los venezolanos.
En 2012 figura como accionista de un banco en Miami y desde entonces es un habitual residente en esa zona. A mediados de 2013 se vinculó su nombre a la compra de la Cadena Capriles, el conglomerado de medios más grande el país, dueño del periódico con mayor tiraje, Últimas Noticias, que en los últimos años ha seguido las directrices que dicta el despacho de Tareck El Aissami, según revelaron antiguos trabajadores de ese medio.
El objetivo inicial de Postar Intertrade Limited era proveer casas prefabricadas al gobierno, según indica la página web del empresario. Se asegura que la compañía ha tenido experiencia en relaciones con marcas europeas y de Estados Unidos. Home Depot y Graybar aparecen como firmas con las que Postar se habría asociado. En Venezuela, López Bello consiguió numerosos contratos con empresas del Estado y con algunas privadas.
En medio de la emergencia de producción e importación de alimentos por parte del sector privado a causa de la escasez de divisas, el Gobierno venezolano buscó la forma de traer alimentos de diversas partes de América para entregar los combos Clap. Hasta la fecha se desconocía el nombre de alguno de los empresarios relacionados con el suministro de los alimentos. Ahora, en medio de la sanción impuesta por las autoridades de EEUU, sale a relucir López Bello como uno de los responsables, quien, para realizar estas transacciones, debió recibir dólares preferenciales a Bs. 10, mientras el cambio a la segunda tasa oficial se ubica en más de Bs. 600 y la del mercado negro se acerca a los Bs. 4.000.
