¿Y ENTONCES? Harrington admitió que no podía volver a la Fiscalía porque su objetividad estaba comprometida

Por NotiCensura : miércoles, julio 05, 2017

La flamante vicefiscal que designó la Sala Constitucional, al pedir su jubilación, reconoció que no podía volver al Ministerio Público, porque durante el tiempo que se desempeñó como Viceministra del Sistema Penal actuó con un “evidente activismo político” y ello pone en tela de juicio su capacidad para desempeñar las funciones de Fiscal.

Juan Francisco Alonso

Caracas. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia no ha debido designar a la abogado Katherine Harrington como vicefiscal general encargada de la República, pero no solo porque la Constitución no la faculta para tomar esa decisión ni porque la elegida es uno de los funcionarios venezolanos sancionados por los Estados Unidos, sino porque la objetividad e imparcialidad de la escogida están comprometidas, según ella misma reconoció en una misiva que le envió a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz.
“Durante el año y medio que me desempeñé en el aludido cargo (Viceministra del Sistema Integrado de Investigación Penal) lo hice con un evidente activismo político, propio de la misión que me fue encomendada por nuestro Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, para el servicio y defensa de nuestra amada patria venezolana, sin duda mi actuar determinado compromete flagrantemente la debida objetividad que debe presentar un Fiscal del Ministerio Público en el desempeño de sus funciones”, escribió la funcionaria en la carta que el 29 de septiembre de 2016 le dirigió a Ortega Díaz para pedirle que le concediera el beneficio de la jubilación luego pasar más de año y medio en el Gobierno.
Haringhton ocupó distintos despachos fiscales y tuvo casos emblemáticos. Fue la que solicitó el encarcelamiento del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma; y la que pidió que se le prohibiera salir del país a la exdiputada María Corina Machado en 2015. Tales medidas provocaron que ese año el Gobierno del entonces presidente estadounidense Barack Obama la incluyera en la primera lista de siete funcionarios venezolanos sospechosos de violar Derechos Humanos a los que sancionó, anulándoles visas y congelándoles sus bienes en dicho país.
El presidente Nicolás Maduro respondió a la acción de Washington al condecorarla y nombrarla como Viceministra. Asimismo, Ortega Díaz salió en su defensa y calificó la medida como un intento por impedir que su despacho actuara.
Antes del antejuicio
En la mañana de este martes, minutos antes de que el pleno del máximo juzgado celebrara la audiencia de antejuicio de mérito contra la Fiscal General, la Sala Constitucional designó y juramentó a Haringhton como vicefiscal general encargada, en sustitución del abogado Rafael González Arias cuyo nombramiento dejó sin efecto, por considerar que el mismo “contraría a la Constitución y a la Ley Orgánica del Ministerio Público”, por cuanto no fue avalado por ella, en virtud del desacato en el que se encuentra la Asamblea Nacional.
La intérprete de la Carta Magna, en su sentencia 532, no pasó por alto la decisión de Ortega Díaz de solicitarle al Parlamento que ratificara a su segundo de a bordo esta semana y lo dejó sin efecto, bajo el argumento que la misma es nula de nulidad absoluta por “producirse en abierto desacato de las decisiones de este Alto Tribunal de la República”.
En su sentencia 470, del pasado martes 27 de junio, la Sala anuló la designación de González Arias porque la misma no fue aprobada por la AN, órgano que advirtió tampoco podía aprobarlo porque “para el momento en que se efectuó la designación se encontraba y aún se mantiene en una situación fáctica consistente en el desacato”; y por ello, era “imperativo” que acudiera ante ella visto “la situación de anormalidad institucional” en la que está el país a solicitar “una interpretación conforme lo dispuesto en los artículos 335 y 336 constitucionales, para el ejercicio de sus competencias  dentro del marco de la Constitución y las leyes”.
La Carta Magna, en ninguno de sus 350 artículos, faculta a la Sala Constitucional para realizar ninguna designación y en los casos de omisiones ella solo puede declararlas “establecer el plazo y, de ser necesario, los lineamientos de su corrección”, pero jamás subsanarlas.
Para la Sala, el hecho de que Ortega Díaz no le pidiera su aval a este nombramiento representa “un error inexcusable”. Los magistrados no repararon en el hecho de que Arias no es el vicefiscal titular, sino en condición de “encargado”.

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