La dictadura arrasa con la oposición venezolana a punta de "golpes" y montajes de golpes.
Por
NotiCensura
:
lunes, febrero 23, 2015
La reciente detención, imputación y encarcelamiento del alcalde metropolitano Antonio Ledezma es apenas el primer episodio del año en materia de persecución judicial contra dirigentes de oposición. Todo indica que la próxima víctima de la política de mano de hierro, así definida por el presidente Nicolás Maduro el jueves 19, será el diputado Julio Borges, del partido Primero Justicia.
Parlamentarios del PSUV anunciaron que en la sesión ordinaria de mañana se iniciaría el proceso para despojar al dirigente mirandino de su inmunidad y llevarlo a juicio. El presidente del Legislativo afirmó hace 10 días que Borges está involucrado en un nuevo plan para derrocar al gobierno.
De ser así, Borges será el quinto diputado de la Mesa de la Unidad en salir de la Asamblea Nacional. Entre 2013 y 2014 la bancada de oposición perdió cuatro diputados principales: Richard Mardo, María Aranguren, Juan Carlos Caldera y María Corina Machado.
Mardo, Aranguren y Caldera tienen en común el estancamiento de sus causas e incluso la falta de asignación de un tribunal, lo que pone en duda que la verdadera motivación de la acción en su contra haya sido la esgrimida por el PSUV: la lucha contra la corrupción.
Los allanamientos contra Mardo (PJ) y Aranguren (Migato) se generaron en 2013 con el argumento oficial que serían investigados por presuntos delitos de corrupción. A esta fecha sus causas están en el limbo.
En noviembre de 2014 Caldera (PJ), también investigado por presunta corrupción, renunció a la curul para evitar el inminente desafuero. El juicio aún no ha comenzado.
El único caso que ha avanzado es el de Machado (Independiente), que en marzo de 2014 fue arbitrariamente destituida de su cargo, en junio fue imputada por instigación a delinquir y en diciembre, por conspiración.
Fuera del juego. “El mío es un juicio netamente político para sacarme del juego porque tenía oportunidad de ganar la Alcaldía de Maracay. Días después de mi allanamiento fui llamado por Richard Monasterios, fiscal 10° nacional, para una entrevista. Desde entonces no he sido convocado, no se me ha asignado un tribunal y no he tenido ni una audiencia de juicio”, relató por teléfono Richard Mardo, desde Maracay.
El diputado por Aragua –no pierde su condición hasta que no sea condenado–, enfatizó que no teme a la justicia: “Yo he dado la cara. Me señalaron de corrupción, de narcotráfico, de lavado, pero nunca tuvieron pruebas de nada. El estancamiento del proceso demuestra que el objetivo real era sacarme de la carrera electoral”.
En el exilio. “A mí no me han asignado tribunal. Mis abogados buscan información permanentemente y nada. No sé ni siquiera quién es el fiscal de mi caso. Después de mi salida de la Asamblea no nos han dirigido ni una comunicación por escrito. A finales de noviembre, de manera extra oficial, una persona me informó que había un auto de detención en mi contra. Mis abogados intentaron indagar, y nada”, relató por teléfono y desde el exilio, María Aranguren.
Aunque en 2013 dijo que enfrentaría la justicia, su parecer cambió: “Estoy fuera del país. Anhelo regresar, pero las condiciones no están dadas ni lo estarán mientras sea esta misma gente (el PSUV) la que esté frente al gobierno y las instituciones”.
Su allanamiento se originó en un contexto en el que el PSUV necesitaba un voto más para aprobar una Ley Habilitante. “El PSUV aplica allanamientos exprés con el objeto de eliminar a quien no hace el trabajo que ellos quieren. Si a Borges le dijeron que lo van a allanar, es porque eso ya está listo”.
Sin información. El caso contra Caldera comenzó en septiembre de 2012. Ocho meses más tarde el TSJ admitió que había méritos para un antejuicio, pero la audiencia no se realizó hasta octubre de 2014. Ante el inminente despojo de su inmunidad, el 27 de noviembre de 2014 Caldera renunció a la curul.
Ni el Poder Judicial ni la Fiscalía volvieron a fijar posición sobre este caso hasta el 5 de febrero, cuando la fiscal general Luisa Ortega dijo en su programa de radio que “dos personas” serían citadas a declarar “próximamente”. No indicó si serían imputados o testigos. El juicio contra Caldera tampoco ha comenzado.
Inhabilitación automática. Los diputados que son despojados de su inmunidad y pasados a juicio no pueden postularse a ningún cargo público de elección popular. Así lo establece el artículo 380 del Código Orgánico Procesal Penal.
Tomás Arias, abogado de María Corina Machado, considera que el artículo es una de las herramientas más perversas del Código Orgánico Procesal Penal.
“Tener a los diputados sin que los juicios avancen es clave para ellos. Su objetivo se cumple allanando la inmunidad y no investigando los presuntos delitos porque, gracias al nefasto artículo 380 del COPP, se genera automáticamente la inhabilitación política mientras dura el juicio; si este dura cinco años, pues serán cinco años sin poder postularse”, explicó.
Mardo lo confirma cuando dijo que su causa está en un limbo, que lo habían inhabilitado políticamente y que no podía presentarse como candidato; no obstante, agregó que no le hacía falta un cargo para trabajar por el pueblo.
María Aranguren expresó: “Yo no tengo interés en postularme otra vez, pero el objetivo de ellos es dejar estos casos en un limbo justamente para que la gente no pueda accionar”.
Caldera intentó evadir el artículo al someterse a juicio como un ciudadano más y no como un diputado suspendido, por lo que tendría oportunidad de postularse.
Investigados
Richard Mardo. Aragua. Presuntos delitos: legitimación de capitales, defraudación tributaria y ocultación de datos en la declaración jurada de patrimonio
María Aranguren. Monagas. Presuntos delitos: asociación para delinquir, peculado doloso propio y legitimación de capitales
Juan C. Caldera. Miranda. Presuntos delitos: suposición de valimiento y legitimación de capitales
María C. Machado. Miranda. Presuntos delitos: instigación a delinquir por los hechos violentos del 12F-2014 y conspiración en presunto plan magnicida
Julio Borges. Miranda. Diosdado Cabello denunció que Borges participa en un “plan para eliminar a Leopoldo López” y facilitar la caída del gobierno
En la mira. Varios diputados han sido amenazados, pero en noviembre pasado el TSJ admitió el antejuicio contra Ismael García (Aragua), por presunta difamación
Parlamentarios del PSUV anunciaron que en la sesión ordinaria de mañana se iniciaría el proceso para despojar al dirigente mirandino de su inmunidad y llevarlo a juicio. El presidente del Legislativo afirmó hace 10 días que Borges está involucrado en un nuevo plan para derrocar al gobierno.
De ser así, Borges será el quinto diputado de la Mesa de la Unidad en salir de la Asamblea Nacional. Entre 2013 y 2014 la bancada de oposición perdió cuatro diputados principales: Richard Mardo, María Aranguren, Juan Carlos Caldera y María Corina Machado.
Mardo, Aranguren y Caldera tienen en común el estancamiento de sus causas e incluso la falta de asignación de un tribunal, lo que pone en duda que la verdadera motivación de la acción en su contra haya sido la esgrimida por el PSUV: la lucha contra la corrupción.
Los allanamientos contra Mardo (PJ) y Aranguren (Migato) se generaron en 2013 con el argumento oficial que serían investigados por presuntos delitos de corrupción. A esta fecha sus causas están en el limbo.
En noviembre de 2014 Caldera (PJ), también investigado por presunta corrupción, renunció a la curul para evitar el inminente desafuero. El juicio aún no ha comenzado.
El único caso que ha avanzado es el de Machado (Independiente), que en marzo de 2014 fue arbitrariamente destituida de su cargo, en junio fue imputada por instigación a delinquir y en diciembre, por conspiración.
Fuera del juego. “El mío es un juicio netamente político para sacarme del juego porque tenía oportunidad de ganar la Alcaldía de Maracay. Días después de mi allanamiento fui llamado por Richard Monasterios, fiscal 10° nacional, para una entrevista. Desde entonces no he sido convocado, no se me ha asignado un tribunal y no he tenido ni una audiencia de juicio”, relató por teléfono Richard Mardo, desde Maracay.
El diputado por Aragua –no pierde su condición hasta que no sea condenado–, enfatizó que no teme a la justicia: “Yo he dado la cara. Me señalaron de corrupción, de narcotráfico, de lavado, pero nunca tuvieron pruebas de nada. El estancamiento del proceso demuestra que el objetivo real era sacarme de la carrera electoral”.
En el exilio. “A mí no me han asignado tribunal. Mis abogados buscan información permanentemente y nada. No sé ni siquiera quién es el fiscal de mi caso. Después de mi salida de la Asamblea no nos han dirigido ni una comunicación por escrito. A finales de noviembre, de manera extra oficial, una persona me informó que había un auto de detención en mi contra. Mis abogados intentaron indagar, y nada”, relató por teléfono y desde el exilio, María Aranguren.
Aunque en 2013 dijo que enfrentaría la justicia, su parecer cambió: “Estoy fuera del país. Anhelo regresar, pero las condiciones no están dadas ni lo estarán mientras sea esta misma gente (el PSUV) la que esté frente al gobierno y las instituciones”.
Su allanamiento se originó en un contexto en el que el PSUV necesitaba un voto más para aprobar una Ley Habilitante. “El PSUV aplica allanamientos exprés con el objeto de eliminar a quien no hace el trabajo que ellos quieren. Si a Borges le dijeron que lo van a allanar, es porque eso ya está listo”.
Sin información. El caso contra Caldera comenzó en septiembre de 2012. Ocho meses más tarde el TSJ admitió que había méritos para un antejuicio, pero la audiencia no se realizó hasta octubre de 2014. Ante el inminente despojo de su inmunidad, el 27 de noviembre de 2014 Caldera renunció a la curul.
Ni el Poder Judicial ni la Fiscalía volvieron a fijar posición sobre este caso hasta el 5 de febrero, cuando la fiscal general Luisa Ortega dijo en su programa de radio que “dos personas” serían citadas a declarar “próximamente”. No indicó si serían imputados o testigos. El juicio contra Caldera tampoco ha comenzado.
Inhabilitación automática. Los diputados que son despojados de su inmunidad y pasados a juicio no pueden postularse a ningún cargo público de elección popular. Así lo establece el artículo 380 del Código Orgánico Procesal Penal.
Tomás Arias, abogado de María Corina Machado, considera que el artículo es una de las herramientas más perversas del Código Orgánico Procesal Penal.
“Tener a los diputados sin que los juicios avancen es clave para ellos. Su objetivo se cumple allanando la inmunidad y no investigando los presuntos delitos porque, gracias al nefasto artículo 380 del COPP, se genera automáticamente la inhabilitación política mientras dura el juicio; si este dura cinco años, pues serán cinco años sin poder postularse”, explicó.
Mardo lo confirma cuando dijo que su causa está en un limbo, que lo habían inhabilitado políticamente y que no podía presentarse como candidato; no obstante, agregó que no le hacía falta un cargo para trabajar por el pueblo.
María Aranguren expresó: “Yo no tengo interés en postularme otra vez, pero el objetivo de ellos es dejar estos casos en un limbo justamente para que la gente no pueda accionar”.
Caldera intentó evadir el artículo al someterse a juicio como un ciudadano más y no como un diputado suspendido, por lo que tendría oportunidad de postularse.
Investigados
Richard Mardo. Aragua. Presuntos delitos: legitimación de capitales, defraudación tributaria y ocultación de datos en la declaración jurada de patrimonio
María Aranguren. Monagas. Presuntos delitos: asociación para delinquir, peculado doloso propio y legitimación de capitales
Juan C. Caldera. Miranda. Presuntos delitos: suposición de valimiento y legitimación de capitales
María C. Machado. Miranda. Presuntos delitos: instigación a delinquir por los hechos violentos del 12F-2014 y conspiración en presunto plan magnicida
Julio Borges. Miranda. Diosdado Cabello denunció que Borges participa en un “plan para eliminar a Leopoldo López” y facilitar la caída del gobierno
En la mira. Varios diputados han sido amenazados, pero en noviembre pasado el TSJ admitió el antejuicio contra Ismael García (Aragua), por presunta difamación
FUENTE El Nacional
